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El intercambio internacional de información en materia financiera entre las administraciones tributarias se ha convertido en un instrumento para luchar contra el fraude fiscal.

Tomando como referencia el Modelo de acuerdo intergubernamental para la mejora del cumplimiento fiscal internacional y la aplicación de la ley estadounidense de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras (FATCA), la OCDE recibió del «G-20» el mandato de elaborar una norma única internacional para el intercambio automático de información fiscal sobre cuentas financieras.

De este modo, el 29 octubre de 2014 se inicia el proceso de adhesión de los países, entre ellos España, al Modelo de Acuerdo para la Autoridad Competente desarrollado por la OCDE, materializado en el Common Reporting Standard (CRS) de intercambio automático de información entre países. Dicho sistema de intercambio permite a las administraciones tributarias de los países adheridos disponer de forma periódica de información fiscal de las inversiones o posiciones de sus contribuyentes en instituciones financieras situadas en el extranjero.

Además de los acuerdos internacionales, en el ámbito de la Unión Europea, la implantación del CRS se ha realizado a partir la Directiva 2014/107/UE del Consejo, de 9 de diciembre de 2014, que modifica la Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011. España ha transpuesto estas modificaciones normativas a su ordenamiento jurídico interno mediante la modificación de la Ley General Tributaria, la modificación del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y la incorporación del Real Decreto 1021/2015, de 13 de noviembre, por el que se establece la obligación de identificar la residencia fiscal de las personas que ostenten la titularidad o el control de determinadas cuentas financieras y de informar acerca de las mismas en el ámbito de la asistencia mutua, en el que se desarrollan las normas de comunicación a la Administración Tributaria sobre cuentas financieras y los procedimientos de diligencia debida que deben aplicar las instituciones financieras para obtener la información de sus clientes.

Bankia, como entidad financiera, está afectada por esta normativa y a partir del 1 de enero de 2016 debe recabar de sus clientes la información necesaria, entre la que destaca las residencias fiscales de las personas que ostentan la titularidad o el control de determinadas cuentas financieras y, cuando proceda, comunicarla a la Administración Tributaria.

Puede encontrar información más detallada sobre la aplicación de CRS tanto en la propia normativa española que regula ese intercambio en el Real Decreto 1021/2015, de 13 de noviembre, como en elPortal de la OCDE, o en el siguiente documento de la OCDE. Asimismo, para encontrar solución a las preguntas frecuentes sobre la normativa, puede consultar CRS-related FAQ's.

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