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BankiaPreferentes y deuda subordinada

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Arbitraje de preferentes

El pasado 15 de julio de 2016 concluyó el plazo de presentación de solicitudes de arbitraje para aquellos clientes titulares minoristas de instrumentos híbridos, como participaciones preferentes y deuda subordinada que fueron emitidas por las cajas de ahorros.

El procedimiento arbitral, al que sólo podían recurrir las personas físicas y las personas jurídicas sin ánimo de lucro en condición siempre de clientes minoristas, era un procedimiento de carácter gratuito y que no requería de la asistencia ni de abogados ni de procuradores, y era alternativo a la vía judicial. Asimismo, no se admitía al sometimiento de este arbitraje a solicitudes colectivas, puesto que cada reclamación debía atenderse y estudiarse de manera individualizada, viéndose las particularidades concretas de cada caso, y siempre que estuvieran basadas en defectos de comercialización de los anteriormente comentados productos o servicios con las antiguas cajas de ahorros.

La entidad gestionó, desde sus oficinas, todas aquellas solicitudes presentadas por los clientes, remitiéndolas a un gestor independiente (en este caso, KPMG), encargado de elaborar un informe, en donde exponía la cuantía máxima a devolver al cliente, en base a los criterios aprobados por la Comisión creada por el RDLey 6/2013 de 22 de marzo. Acto seguido, la oficina de Bankia contactaba con el cliente con el objeto de poner en su conocimiento el resultado de dicho informe, a fin de que el cliente decidiera si deseaba o no continuar con el proceso de arbitraje.

Si el cliente, una vez informado de la resolución del informe independiente de KPMG, no quería continuar con el proceso de arbitraje, tenía la opción de renunciar al mismo sin que su decisión afectase a emprender otras vías de reclamación como la vía judicial. Por el contrario, si el cliente mostraba su conformidad con el informe, se firmaba un “Convenio Arbitral” entre ambas partes, donde el cliente se comprometía a aceptar el laudo arbitral y renunciar a acudir a la vía judicial. Una vez realizado este proceso de firma, comenzaba el Arbitraje por la Junta Arbitral Nacional, y que finalizaba con la comunicación del laudo arbitral a ambas partes, cliente y Bankia.

En aquellos casos donde el laudo resultó favorable al cliente, la entidad abonó la cuantía señalada en el mismo, de acuerdo a la fórmula de liquidación recogida en el Convenio Arbitral.

La entidad acogió favorablemente el anuncio del Gobierno sobre su intención de articular un procedimiento de arbitraje para clientes de la entidad que adquirieron participaciones preferentes y deuda subordinada, comercializadas por las cajas de ahorros que dieron origen al Grupo. La entidad, durante este proceso, ha mantenido una actitud de absoluta colaboración y respeto a los criterios establecidos por las autoridades europeas y españolas, plasmados en el Memorando de Entendimiento y en la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, con el fin último de facilitar a sus clientes un proceso sencillo para la resolución de esta controversia.

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