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MiFID

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Desde el 3 de enero de 2018 entra en vigor la aplicación de un nuevo marco normativo sobre mercados e instrumentos financieros, basado en la directiva MiFID II y el reglamento MiFIR, que actualizan los requerimientos previos MiFID.

Por una parte, es de aplicación la Directiva de la Unión Europea en materia de Mercados de Instrumentos Financieros (MiFID II) que regula las condiciones de autorización y funcionamiento de las Empresas de Servicios de Inversión, incrementando la protección a los inversores y transparencia que ya proporcionaba MiFID.

Por otra, también es de aplicación el Reglamento de la Unión Europea nº 600/2014  que regula:

  • La transparencia pre y post negociación en relación con las autoridades competentes y los inversores.
  • Los requisitos y obligaciones de los proveedores de servicios de datos.
  • La obligación de negociación de derivados en centros de negociación.
  • Ciertas acciones supervisoras.

Esta Directiva europea se está adaptando al ordenamiento jurídico español (mediante el Real Decreto-ley 21/2017, el Anteproyecto de Ley del Mercado de Valores y el Real Decreto de adaptación reglamentaria a la ley del mercado de valores.

MiFID obliga a que la prestación de servicios de inversión se realice siempre en un marco de elevada protección al inversor, lo que implica la adopción una serie de medidas dirigidas a fortalecer dicha protección:

  • En cuanto a la clasificación de clientes, en función de sus conocimientos, cualificación y experiencia como inversores, se dividen en minoristas (agrupará a la gran mayoría de clientes, que así obtendrán el máximo nivel de protección); profesionales (destinado a inversores institucionales o grandes empresas); y contrapartes elegibles (referido a empresas de inversión, compañías de seguros, entidades de crédito, etc.). Cualquier cliente podrá solicitar el cambio entre las distintas categorías, siempre que se cumplan los requisitos y procedimientos establecidos en la norma.
  • En lo relativo a la clasificación de productos, los principales productos de inversión regulados por la normativa MiFID son los fondos de inversión, las acciones (renta variable), los títulos de renta fija y los derivados; y, según su grado de complejidad y riesgos asociados, se clasifican como complejos y no complejos.
  • Asimismo, se regula la evaluación de la idoneidad y conveniencia, lo que significa que las entidades financieras deberán conocer las expectativas y preferencias de sus clientes a la hora de realizar sus inversiones.
  • Por último, y en lo tocante a la información a clientes, ésta deberá ser imparcial, clara y no engañosa, para que el cliente comprenda la naturaleza y riesgos del servicio o producto, así como los gastos que conlleva. En este aspecto se regulan las comunicaciones publicitarias; la información pre-contractual (descripción de productos y políticas de protección de activo, conflictos de interés y ejecución de órdenes, que deben entregarse a los clientes para que puedan adoptar sus decisiones de inversión); los contratos; y la información post-contractual (contenidos y periodicidad de extractos y confirmaciones de órdenes).

Bankia ha adoptado diferentes políticas con el objetivo de ofrecer una adecuada protección en el marco de la normativa sobre Mercados de Valores:

Políticas de gestión y ejecución de órdenes que le permitirán comprobar las medidas adoptadas por Bankia para obtener el mejor resultado posible en la tramitación y ejecución de sus órdenes.

Política de protección de activos destinada a salvaguardar sus derechos de propiedad en relación a los instrumentos financieros depositados en Bankia.

Política de gestión de conflictos de interés aprobada por el Grupo Bankia con el fin de evitar cualquier menoscabo en sus intereses.

Sistema de incentivos percibidos/pagados por Bankia en la prestación de servicios de inversión.

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